LAS TRES MEDIDAS QUE BUSCAN SE CUMPLA EL PAGO DE LA PENSIÓN ALIMENTICIA EN TAMAULIPAS.

23/04/26.

Existe una gran cantidad de casos en los cuales un juez emite sentencia sobre el otorgamiento de la pensión alimentaria a la familia; sin embargo, ello no se cumple y mediante una serie de tretas se evaden.

Para vigilar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias el grupo parlamentario de Morena en el Congreso de Tamaulipas planteó reformas al Código Penal del Estado a fin de hacer cumplir las sentencias.

La diputada Eva Araceli Reyes González promovente de la iniciativa señaló que existe una gran cantidad de casos en los cuales un juez emite sentencia sobre el otorgamiento de la pensión alimentaria a la familia; sin embargo, ello no se cumple y mediante una serie de tretas lo evaden.

Insistió en que no se hace necesario el crear nuevos delitos o el incrementar la condena, sino hacer que las resoluciones de los jueces sobre las pensiones alimentarias se cumplan en todos sus términos.

Es difícil para una madre de familia el tener que acudir de nueva cuenta ante juez para hacer nuevos trámites legales a fin de que la persona señalada cumpla con su obligación.

Apuntó que burlar la responsabilidad el sujeto cambia de domicilio, declara haber quedado sin empleo o bien en la empresa en donde trabaja le sigue entregando el sueldo completo, siendo que este se encuentra reservado en parte para los hijos y la esposa.

Comentó que el problema actual no radica en la tipificación del delito, sino en la brecha que se genera entre la sentencia condenatoria y su cumplimiento real por lo cual es necesario reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, al haber una brecha entre los fallos judiciales y su ejecución efectiva.

La iniciativa pretende adicionar tres artículos del Código Penal para establecer mecanismos de seguimiento una vez dictada una sentencia por incumplimiento de pensión alimenticia. 

Entre las medidas se plantea el establecer un plan de pagos verificable, con montos, periodicidad y condiciones claras. a fin de que la resolución judicial no sea una declaración formal sino una obligación efectivamente exigible.

Además las personas sentenciadas estarán obligadas a reportar cambios de domicilio, empleo, ingresos, así como a presentarse periódicamente ante la autoridad. En algunos casos se podría restringir la movilidad para garantizar el cumplimiento.

Por otra parte, se advierte que ante el incumplimiento de la obligación se aplicarán sanciones las cuales irían desde desde ajustes al plan de pago hasta la revocación de beneficios y la posible ejecución de la pena de cárcel y multa.