REFORMA ELECTORAL SERÍA UN ATENTADO AL FEDERALISMO Y A LA REPRESENTACIÓN DE MINORÍAS, PALOMA GUILLÉN.

13/03/26.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– La diputada federal del PRI, Mercedes del Carmen Guillén Vicente, advirtió que la eventual reforma electoral que plantea reducir diputaciones plurinominales, regidurías y facultades de los organismos electorales locales, representaría “un atentado al federalismo”, además de afectar la representación de las minorías en los congresos y cabildos del país.

La legisladora priista consideró que, de prosperar la propuesta, se estaría limitando la autonomía de los estados para decidir sobre su propia integración política y legislativa, al centralizar decisiones que, desde su punto de vista, corresponden a cada entidad federativa.

“Creo que es un atentado al federalismo. Están quitándole facultades a los estados”, expresó.

Guillén Vicente puso en duda que la reducción de cargos de representación proporcional y regidurías realmente se traduzca en un beneficio directo para los estados, pese a que se ha mencionado un supuesto ahorro de 4 mil millones de pesos*.

Señaló que no existe ninguna garantía de que esos recursos permanezcan en las entidades federativas o se destinen a fortalecer sus finanzas, por lo que consideró cuestionable que el debate se centre en el ahorro económico por encima de la calidad democrática.

“¿Quién nos garantiza que esos cuatro mil millones de pesos de los que hablan se van a quedar en los estados? Nada nos puede asegurar que eso vaya a pasar”, afirmó.

La diputada insistió en que la discusión no debe reducirse a un tema presupuestal, sino a una reflexión más amplia sobre cuánto cuesta la democracia y el valor que tiene la pluralidad política dentro de las instituciones.

“¿Cuánto cuesta la democracia? Si estamos viendo otros gastos mucho más fuertes en otras áreas, hablar de 4 mil millones es bastante cuestionable”, sostuvo.

La exsubsecretaria de Gobernación consideró que la reforma implicaría una violación a la autonomía y soberanía de los estados, al intentar imponer desde el ámbito federal criterios sobre cuántos diputados, regidores u órganos electorales debe tener cada entidad.

Desde su visión, cada estado debería ser libre de decidir si mantiene o modifica el número de legisladores de representación proporcional, regidores y porcentajes de acceso, de acuerdo con sus propias condiciones políticas y sociales.

“Están invadiendo el terreno de Tamaulipas. En todo caso, que Tamaulipas defina qué es lo que quiere, cuántos quiere y con qué porcentaje los quiere”, subrayó.

También expresó preocupación por la posibilidad de que se toque el esquema de los OPLES (Organismos Públicos Locales Electorales), al considerar que ello profundizaría la centralización de funciones y debilitaría el pacto federal.

Mercedes del Carmen Guillén advirtió que la disminución de diputaciones plurinominales y regidurías impactaría directamente en la representación de las minorías, tanto en los cabildos como en los congresos locales y en la Cámara de Diputados.

Explicó que, al reducir el número de espacios, inevitablemente tendría que elevarse el porcentaje mínimo para acceder a una posición de representación proporcional, lo que dejaría fuera a partidos pequeños o fuerzas políticas con menor votación, pero con presencia legítima.

“Lastimas la representación minoritaria en los cabildos y la representación minoritaria en la Cámara de Diputados”, afirmó.

Aunque reconoció que para la ciudadanía quizá no sea prioritario el número de regidores, insistió en que el verdadero problema es que se restringe la posibilidad de que otras fuerzas políticas participen y tengan voz dentro de los órganos de gobierno.

La legisladora priista consideró que, aunque aún falta conocer el texto completo de la propuesta, en esencia se trata de una reedición de intentos anteriores de reforma electoral bajo el argumento del ahorro presupuestal.

“Es la misma gata, pero revolcada”, dijo, al señalar que nuevamente se está usando el discurso de reducir costos sin entrar al fondo del impacto que ello tendría en la democracia y en la pluralidad política del país.

Indicó que será hasta que se conozca el documento final cuando pueda hacerse un análisis puntual, pero adelantó que ve con preocupación la insistencia en debilitar mecanismos de representación.

Respecto al debate sobre si los partidos pequeños deberían seguir sobreviviendo mediante coaliciones, Guillén Vicente defendió la figura de las alianzas electorales y recordó que estas están plenamente normadas por la Constitución.

Afirmó que las coaliciones son parte natural de los sistemas democráticos y no deben ser vistas como una anomalía, ya que en muchos países se gobierna precisamente a partir de acuerdos entre mayorías y minorías.

“Las alianzas siempre han existido, existen en todas partes del mundo. Así se gobierna, con las minorías y con coaliciones”, expresó.

Añadió que, si en algún momento partidos como el Verde Ecologista o el Partido del Trabajo consideran que ya no les conviene permanecer en una alianza, serán ellos mismos quienes tomen esa decisión, sin necesidad de modificar el marco legal para forzarlo.

En cuanto a la posibilidad de reducir o eliminar el financiamiento público a los partidos, la diputada advirtió que el debate debe centrarse primero en la transparencia y fiscalización de los recursos ya existentes, antes de abrir la puerta a esquemas que puedan propiciar financiamiento irregular.

Aunque no profundizó directamente en la posibilidad de infiltración del crimen organizado, sí dejó claro que el problema no es únicamente cuánto dinero reciben los partidos, sino cómo se supervisa y en qué se gasta.

Como ejemplo, mencionó el caso de un coordinador parlamentario en Puebla que, según una nota periodística, habría reportado gastos por 669 mil pesos en apenas dos meses, lo que, dijo, obliga a revisar con seriedad el uso del dinero público.

“Otra vez regresamos a la transparencia, vamos transparentando lo que ya se gasta”, apuntó.

Finalmente, Mercedes del Carmen Guillén sostuvo que cualquier modificación en materia electoral debe analizarse con responsabilidad en el Congreso de la Unión, sobre todo si implica cambios constitucionales que afecten la estructura democrática y el equilibrio entre federación y estados.

“Habrá que ver cómo va funcionando esto y cómo en su momento se define el Congreso, si es que hay alguna reforma constitucional”, concluyó.